La escalada de violencia e inseguridad en el departamento del Huila ha generado una situación crítica de desprotección de derechos humanos para sus habitantes, quienes enfrentan a diario el miedo, el hostigamiento y el desplazamiento forzado. Municipios como Neiva, La Plata, Algeciras, Garzón, Aipe, La Argentina, Gigante, Hobo, Nátaga y Paicol han sido los más afectados, viendo su tranquilidad vulnerada en los últimos dos años por la presencia y amenazas de grupos armados ilegales.

Acción Popular en Defensa de los Derechos Colectivos

La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) ha interpuesto una acción popular como medida de protección para los derechos colectivos de los ciudadanos del Huila, buscando garantizar su derecho a la paz, la seguridad pública, y la protección de bienes y espacios públicos. Esta acción popular tiene como objetivo presionar al Estado para tomar medidas contundentes y detener la violación sistemática de los derechos fundamentales de la población de esta región.

Falta de Control y Respuesta Gubernamental

La falta de control judicial y la ausencia de un plan de acción por parte del Gobierno para detener la creciente violencia en el Huila son puntos de gran preocupación para la población y las organizaciones de derechos humanos. Según FEDe. Colombia, la situación se ha intensificado debido a la excusa del inicio de diálogos con grupos armados al margen de la ley, lo que ha permitido que las actividades ilegales sigan amenazando a la ciudadanía, sin que se garantice la protección que establece la Constitución.

Urgencia de un Plan de Acción en el Huila

Ante la grave situación, la acción popular interpuesta solicita al Gobierno la creación e implementación de un plan de respuesta urgente que incluya medidas de control territorial. Entre las peticiones se encuentran la captura, judicialización y desmantelamiento de los grupos armados ilegales responsables de la violencia en el departamento, buscando así devolver la seguridad y la paz a los habitantes del Huila.

La protección de los derechos humanos y la seguridad pública en el Huila no solo es crucial para la región, sino que también es una señal para otras zonas del país que enfrentan problemas similares. La acción popular busca que el Estado asuma su responsabilidad y garantice a los ciudadanos del Huila una vida libre de violencia e inseguridad, en cumplimiento de sus derechos fundamentales.

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